La Agencia Nacional de Ciberseguridad publicó una resolución que marca un paso clave para fortalecer la seguridad digital del país. El documento, difundido en el Diario Oficial, presenta la nómina preliminar de empresas e instituciones que podrían ser calificadas como “Operadores de Importancia Vital” (OIV), una categoría creada por la nueva Ley Marco de Ciberseguridad en Chile.
En términos simples, esta medida identifica a organizaciones cuya interrupción o afectación podría impactar directamente servicios esenciales para la población, como el suministro de agua, combustibles, transporte, infraestructura concesionada y otros servicios críticos.
La resolución corresponde a la segunda etapa del primer proceso de calificación impulsado por la Agencia Nacional de Ciberseguridad, organismo creado por la Ley N.º 21.663. Además, el proceso contempla una consulta pública para que las entidades incluidas puedan presentar observaciones antes de la nómina definitiva.
¿Qué tipos de empresas aparecen en la nómina?
El documento incluye compañías y operadores de distintos sectores estratégicos del país. Entre los principales grupos destacan:
- Empresas de combustibles, gas y energía: 27 organizaciones.
- Empresas sanitarias y de agua potable: 29 organizaciones.
- Empresas de transporte terrestre, aéreo, ferroviario y marítimo: 62 organizaciones.
- Concesionarios de servicios públicos e infraestructura crítica: más de 40 organizaciones.
Dentro de estos grupos se encuentran compañías ligadas a aeropuertos, carreteras, puertos, distribución de gas, servicios sanitarios, transporte público y líneas aéreas, entre otros servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
¿Por qué esta resolución es importante?
La relevancia de esta publicación radica en que las empresas calificadas como Operadores de Importancia Vital deberán cumplir mayores exigencias de ciberseguridad, gestión de riesgos y notificación de incidentes.
En la práctica, esto busca reducir el impacto de ataques informáticos, ransomware, filtraciones de datos o interrupciones de servicios que puedan afectar a millones de personas o comprometer infraestructura crítica nacional.
La resolución también demuestra que Chile está avanzando hacia un modelo más parecido al de países y economías que ya cuentan con regulaciones estrictas sobre infraestructura crítica y seguridad digital.
Relación con la nueva Ley de Protección de Datos en Chile
Este avance se conecta directamente con la nueva normativa chilena de protección de datos personales, que busca elevar los estándares de seguridad y responsabilidad sobre la información de ciudadanos y clientes.
En un escenario donde las amenazas digitales aumentan cada año, las empresas ya no solo deberán preocuparse de mantener sus servicios operativos, sino también de proteger adecuadamente los datos personales que administran.
Por ello, conocer tanto la Ley Marco de Ciberseguridad como la nueva regulación de protección de datos será fundamental para organizaciones públicas y privadas, especialmente aquellas que manejan servicios críticos o grandes volúmenes de información sensible. Ambas normativas apuntan a un mismo objetivo: fortalecer la confianza digital y mejorar la seguridad de las personas frente a riesgos tecnológicos cada vez más complejos.
